El acoso se silencia en lo público

"El miedo impide dar un paso", asegura Djamil Tony Kahale, investigador cuyo trabajo "El código de conducta ante situaciones de acoso laboral en la administración pública" ha merecido uno de los Premios Blas Infante que, desde hace trece años, convoca el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). En concreto, el trabajo obtuvo la distinción por la contribución a la gestión del servicio público.

El acoso, en sus diferentes formas, no es una lacra exclusiva de la función pública, pero en ésta se dan unos condicionantes que la hacen más intensiva, expone el autor. Al ser violencia contra un puesto fijo, el puesto ejecutivo -el hostigador frecuente- no puede amenazar con la rescinsión o no renovación de un contrato, por lo que la presión se dirige a "perderlo de vista" con un traslado, una renuncia o una baja por enfermedad, es decir, "que desaparezca del entorno laboral en el que presta sus servicios", apunta Kahale, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).

La investigación aconseja y aporta un protocolo de actuación para la prevención y tratamiento del acoso laboral. Su puesta en práctica beneficiaría, señala el investigador, la implantación del código de conducta que recomienda el Estatuto Básico del Empleado Público, de 2007, un avance pero aún no suficiente para muchos.

Este protocolo tiene el objetivo de la resolución favorable de las denuncias de acoso y dispone de herramientas para prevenir, identificar, evaluar e intervenir ante las situaciones probables de acoso laboral. En resumen, que el problema se resuelva en casa y evitar en lo posible la vía de los tribunales.

"Hay mucha gente que se esconde, que se para por miedo a que se entere el jefe de que fue él quien puso la denuncia y que se dice a sí mismo que no está siendo acosado, lo que no quiere decir que no haya acoso", expone el autor del estudio. Ni un caso de cada mil de violencia psicológica que pudiera ser tipificado como acoso es denunciado ante instancias ajenas a la Administración (laboral, penal, civil, contencioso-administrativa...), exponen varios estudios.

Los mismos análisis que, aseguran, que el mobbing o sus variantes afecta más a funcionarios públicos, a mujeres y a jóvenes en situación laboral precaria, en definitiva, a todo aquel que se convierte en amenazante para otros.

Según la asociación de víctimas del acoso y el maltrato laboral en Andalucía (Avamla), la incidencia del mobbing en los trabajadores de la Administración se elevaría a un 22%, seguido del 19% de los trabajadores de medios de comunicación y organizaciones políticas y sociales o el 13% de las plantillas sanitarias.

Leer más en: eldiariodesevilla.es